RECIENTEMENTE ha surgido una preocupante noticia relacionada con el proceso de paz entre el Estado colombiano y las FARC, en el sentido de que el Frente No. 1 de las FARC no hará parte de la desmovilización ya pactada en La Habana; aunque el procurador candidato presidencial Ordóñez ha dicho que son dos los Frentes que seguirán esos pasos, y sabrá él por qué lo manifiesta; lo cual, obvio, pone a brincar en una pata a los recalcitrantes enemigos de la paz, porque consideran que así en cierta manera se sabotea el proceso, cosa que no creo que de veras llegue a suceder en la magnitud como algunos lo imaginan; sin con eso desestimar lo que significa que haya en las FARC una disidencia que opte por seguir haciendo de las suyas, convertidos sus integrantes en nada más que unos bandidos. En caso de ser realmente cierto aquello, y creo que al parecer lo es, pues deberá el Estado procurar convencerlos de su postura irracional (misión que a lo mejor también harán los cabecillas de los farianos hoy dispuestos a desmovilizarse), de modo que puedan prescindir de la misma; ¿y que tal si los farianos comprometidos con la paz combaten a los salidos del redil?...
RESULTA bastante fácil comprender que no tienen los disidentes unas razones políticas para no querer jalarle a la paz; sino, que son de quienes asumen que al reincorporarse a la vida civil perderán muchos de los beneficios que consiguen mediante el poder de las armas: Secuestros, extorsiones, narcotráfico, minería ilegal y otras conductas delictivas. Se resisten, pues, a perder esas tetas económicas con las que seguramente no contarán al dejar las armas. Entonces, si en verdad ellos rehúsan desmovilizarse no le queda más al Estado que combatirlos, para meterlos en cintura por las vías judicial y militar. Desde luego, insisto en que también el Estado, al mismo tiempo, debe atacar de modo contundente las estructuras paramilitares y otros tipos de organizaciones criminales sembradoras de violencia y barbarie. El rejo, no quepa la mínima duda, debe ser parejo, ¡ojalá!
RESULTA bastante fácil comprender que no tienen los disidentes unas razones políticas para no querer jalarle a la paz; sino, que son de quienes asumen que al reincorporarse a la vida civil perderán muchos de los beneficios que consiguen mediante el poder de las armas: Secuestros, extorsiones, narcotráfico, minería ilegal y otras conductas delictivas. Se resisten, pues, a perder esas tetas económicas con las que seguramente no contarán al dejar las armas. Entonces, si en verdad ellos rehúsan desmovilizarse no le queda más al Estado que combatirlos, para meterlos en cintura por las vías judicial y militar. Desde luego, insisto en que también el Estado, al mismo tiempo, debe atacar de modo contundente las estructuras paramilitares y otros tipos de organizaciones criminales sembradoras de violencia y barbarie. El rejo, no quepa la mínima duda, debe ser parejo, ¡ojalá!
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